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Uno de estos proyectos en los que participa el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) es el ‘LIFE AMDRYC4: Adaptación al cambio climático de los sistemas agrícolas de secano en el área mediterránea’, que, entre otros fines, pretende reducir el uso de fertilizantes sintéticos por otros orgánicos, mediante la reutilización de restos y residuos de la actividad agraria en el ámbito de una economía circular, así como retener carbono orgánico en el suelo, con la finalidad de reducir emisiones de CO2 a la atmósfera.
La aplicación de compost y estiércol incrementa la materia orgánica en el suelo, representa una fuente de nutrientes para la producción agrícola y mejora las características agronómicas del suelo. Además, mejora las propiedades físicas del suelo, tales como la porosidad, la estabilidad estructural y la capacidad de retención de agua, un bien tan escaso en áreas semiáridas como la de la Región de Murcia.
Martínez explicó que “hemos evaluado y cuantificado económicamente prácticas ambientales en cultivos de secano para incentivar al agricultor. Al demostrarle que es sostenible, además de rentable económicamente, el agricultor implementará estas prácticas más beneficiosas para el medio ambiente y su propia economía”.
Por ejemplo, el IMIDA ha cuantificado que el beneficio en la fertilización con compost es de hasta 88 euros por hectárea y año en olivo y en la cebada supone una disminución del 13 por ciento del coste total.
Desde el punto de vista medioambiental, en cantidad de CO2, el aporte de fertilizantes orgánicos alcanza una retención de 12 toneladas por hectárea y año en olivo o casi 9 en el caso de la cebada. Considerando valores de mercado para la tonelada de CO2, estas prácticas medioambientales pueden alcanzar los 500 euros por hectárea y año.
Esta vía puede plantear la posibilidad de que el agricultor pueda acceder a ayudas por el carbono retenido, a través de la política agraria europea o a través de bonos de carbono con entidades privadas.
Además, el IMIDA ha entrado a formar parte de un grupo estatal certificador que pretende ser el organismo que acredite al agricultor esa retención de CO2 para que los agricultores puedan acceder a estas ayudas o comercializarlo en el futuro mercado de carbono, un proyecto que impulsa la Unión Europea en su objetivo para alcanzar sus ambiciosos objetivos de reducción de emisiones.
6 de febrero de 2024/ Región de Murcia/España.
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