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El Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, presidió a principios de semana el XXVI Pleno del Observatorio de Precios de los Alimentos, donde presentó el contenido y repercusión de la, recientemente aprobada, Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
Burgaz ha explicado como el objetivo de la nueva Ley, destinada a mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, incide en el aumento de la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y en la reducción del desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
En cuanto a su contenido, ha destacado que establece un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución. En el ámbito de la regulación, ha indicado que se contemplan los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas, mientras que en la autorregulación se incluyen el Código de Buenas Prácticas Mercantiles y el Observatorio de la Cadena Alimentaria.
En su exposición, Fernando Burgaz ha detallado algunos de los aspectos contemplados en el modelo de regulación, como la obligación de formalizar los contratos por escrito entre los operadores de la cadena, “con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales”. Esto conllevará la inclusión de elementos esenciales, como la identificación de las partes, el objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos, obligaciones y duración, pactados libremente por las partes.
También se regulan las subastas electrónicas, o la obligación de conservación de documentos y se recogen las prácticas comerciales abusivas. Sobre este último apartado el Director General ha explicado que se prohíben las modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos adicionales sobre el precio pactado, además de regularse la información comercial sensible, de forma que “no se podrá exigir a un operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial” y la gestión de marcas.
En el marco de la autorregulación de las relaciones comerciales, Burgaz ha incidido en uno de los aspectos principales como es la creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, “cuya adhesión será voluntaria por los operadores de la cadena”, que tendrán la obligación de someter la resolución de sus conflictos al sistema designado en el mismo.
Otros de los aspectos destacados han sido el establecimiento de un Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles, que agruparía a los operadores de la cadena alimentaria que se adscriban al Código, y la creación de la figura del mediador que, “desde el momento en que los operadores suscriban el Código, resultará vinculante para todos ellos lo dispuesto por el mismo, pudiendo cualquiera de las partes solicitar su intervención al Ministerio, siempre que se den una serie de condiciones”, ha aclarado el Director General.
Otra de las novedades es la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria, como órgano colegiado adscrito al Ministerio. Su función, ha explicado el Director General, será el seguimiento, asesoramiento, consulta, información y el estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos.
El Observatorio, integrado por responsables de varios ministerios, representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas Agro-alimentarias, federaciones de pesca, de industrias de la alimentación, lácteas y de los consumidores, así como de lonjas, distribuidores, mayoristas y detallistas, ha podido así conocer los detalles de esta Ley, que recibió luz verde en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 17 de julio.
Martes, 23 de julio de 2013/ MAGRAMA/ España.
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