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El Ejecutivo autonómico recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión del Gobierno de España de desviar a las comunidades autónomas la multa de 262,8 millones de euros que le impuso la Comisión Europea en relación con las ayudas en zonas de pastos. Así lo ha anunciado al Consejo de Gobierno la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, quien ha subrayado que esta medida pone en riesgo el abono de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) y ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que asuma la totalidad de la corrección financiera. El acuerdo de trasladar su pago, adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero, afecta a once regiones. En el caso de Andalucía, la Junta tendría que hacer frente a la devolución de 63,7 millones de euros.
La sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal, de forma tardía e inadecuada, el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso. El Ejecutivo central descarga en las comunidades la responsabilidad por este error, referido a las campañas entre 2009 y 2013, y pretende descontarles los importes en un plazo de dos meses si se niegan a asumirla. Ello podría comprometer el pago de las ayudas de la PAC, que en Andalucía suponen más de 1.400 millones de euros anuales y benefician a 300.000 agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.
Dado que la decisión ministerial agotó la vía administrativa, Carmen Ortiz ha subrayado que el recurso ante el TSJA es la "única manera de preservar los derechos no sólo de los agricultores y ganaderos sino también de toda la ciudadanía andaluza, ya que resulta imposible generar dicho importe sin que se vean afectadas otras partidas tan sensibles y prioritarias como la educación o la sanidad". Las organizaciones profesionales Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han mostrado ya su respaldo unánime a esta iniciativa.
En caso de hacer frente a la devolución, los 63,7 millones tienen que salir directamente del presupuesto autonómico. Debido a la legislación estatal de estabilidad presupuestaria, tampoco es posible recurrir a la posibilidad de endeudamiento.
Carmen Ortiz ha criticado también el hecho de que, en su recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 26 de julio, el Gobierno de España no solicitara la suspensión cautelar de la medida. Asimismo, ha recordado que los representantes de las comunidades afectadas solicitaron una reunión con el Ministerio. "La ministra Isabel García Tejerina no sólo nos negó el encuentro, sino que el 17 de febrero el Consejo de Ministros aprobó sin previo aviso el acuerdo para traspasar esta responsabilidad a las comunidades autónomas, que no tienen capacidad alguna para legislar en el ámbito de las ayudas directas", ha señalado la consejera.
Junto con Andalucía, las principales comunidades afectadas son Extremadura, que tendría que devolver 79,6 millones de euros; Castilla y León (57,6 millones), y Castilla-La Mancha (32,1).
7 de marzo de 2017 - Junta de Andalucía
