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Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se trata de una norma fundamental para el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la PAC.
La futura norma tendrá por objeto la definición e impulso de la agricultura familiar, a través de un conjunto amplio de medidas que podrían, por ejemplo, priorizar este modelo en las diferentes líneas de ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de la explotación, a la financiación o a las nuevas tecnologías, además de fomentar el relevo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria.
Asimismo, se modificarán otras normas relacionadas con el sector, con el fin de lograr un desarrollo completo de este tipo de iniciativas, desde diversas perspectivas (titularidad compartida o mejoras en el sistema de arrendamientos rústicos, entre otras).
El sector agrario está inmerso en una profunda transformación hacia unos sistemas de producción más sostenibles, tanto económica como ambiental y socialmente. Ello implica que no sólo debe cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por la UE y sus objetivos ambientales, sino también lograr una actividad rentable y hacer frente a desafíos como la adaptación al cambio climático, la competencia de otros países y las necesidades de los consumidores.
En este sentido, la innovación, la digitalización y los nuevos conocimientos y técnicas disponibles, permiten lograr unas producciones más eficientes, rentables y sostenibles. Sin embargo, las explotaciones familiares, en ocasiones por su menor tamaño y capacidad financiera, pueden tener más dificultades para acometer las inversiones necesarias o beneficiarse de las ventajas que ofrecen las economías de escala.
3 de marzo de 2025/ MAPA/ España.
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