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El Consejo de Ministros español aprobó el pasado viernes el Real Decreto que regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural, incorporando con ello esta figura al ordenamiento jurídico español.
Su principal finalidad es el reconocimiento y en consecuencia la retribución al titular de la explotación por las externalidades positivas, no remuneradas por el mercado, que dicha explotación genera, es decir, por todos los efectos y bienes públicos generados que repercuten favorablemente sobre bienes o fines de carácter público, al margen del interés o beneficio que puedan suponer para la propia explotación, contribuyendo a mejorar de forma significativa los aspectos económico, social o ambiental que describen la sostenibilidad del territorio.
Con esta normativa se busca orientar los contratos territoriales hacia finalidades concretas como evitar la despoblación del medio rural o implantar una actividad agraria multifuncional que contribuya a la vertebración y reforzamiento de la cadena de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios, pudiendo repercutir asimismo en la mejora de la calidad, la consolidación de mercados locales, la formación, la reducción de insumos, o la mejora en la gestión de los residuos, subproductos y emisiones.
Otra de las finalidades es crear y conservar el empleo en el medio rural, reduciendo su temporalidad, y fomentando su calidad y seguridad, la igualdad, la conciliación de la vida laboral y familiar, la fijación al territorio de mujeres y jóvenes, y la integración en la vida laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, así como conservar y restaurar la calidad ambiental, el suelo, el agua, el patrimonio natural y la biodiversidad autóctona silvestre, la diversidad genética agraria de base territorial, el paisaje rural y el patrimonio cultural.
Entre las explotaciones susceptibles de suscribir contratos territoriales, se han incluido las de naturaleza agrícola, ganadera, forestal o cinegética, para aprovechar al máximo las posibilidades de generación de externalidades positivas del medio rural español.
MARM/ España.
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