Los productores que reciban pagos directos estarán sujetos al cumplimiento de las buenas condiciones agrarias y medioambientales y a los denominados requisitos legales de gestión.
Los Estados Miembros controlarán estas condiciones y requisitos y su incumplimiento supondrá para el beneficiario de los pagos directos una disminución e incluso la exclusión de éstos. En este sentido, la condicionalidad tiene como objetivo constituir un incentivo para que los agricultores respeten la normativa existente en sus diferentes ámbitos contribuyendo de este modo a que el sector agrario cumpla con los principios del desarrollo sostenible.
Jueves, 23 de diciembre de 2004/MAPA/España
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