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Durante las negociaciones del conjunto de reformas legislativas, los eurodiputados insistieron en que reforzar la biodiversidad y cumplir las leyes y compromisos adquiridos por la UE en relación con el medio ambiente y el clima será clave en la aplicación de la nueva política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en 2023. La Comisión valorará si los planes estratégicos nacionales de la PAC recogen estos compromisos; los agricultores, por su parte, tendrán que ser respetuosos con el clima y el medio ambiente en su trabajo. Los Estados miembros habrán de garantizar que al menos el 35 % del presupuesto se destine al desarrollo rural y el 25 % de los pagos directos a medidas medioambientales y climáticas.
Los eurodiputados se han asegurado de que al menos el 10 % de los pagos directos se utilice para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y al menos el 3 % del presupuesto de la PAC vaya a parar a manos de agricultores jóvenes. También han insistido en la creación de una reserva permanente de crisis —con un presupuesto anual de 450 millones de euros (a precios corrientes)— para ayudar a los agricultores en caso de inestabilidad de los precios o del mercado.
La actual normativa de la PAC fue prorrogada tras expirar el 31 de diciembre de 2020, y fue sustituida por unas disposiciones transitorias en vigor hasta finales de 2022. Una vez aprobada por el Consejo, la nueva normativa será aplicable a partir del 1 de enero de 2023.
23 de noviembre de 2021/ Parlamento Europeo/ Unión Europea.
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