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El 26 de junio, la organización solicitó aclaraciones a Teresa Rodríguez Vidal, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, sobre la modificación del Real Decreto 1135/2002, realizada a través del Real Decreto 159/2023 de bienestar animal. La Alianza UPA-COAG buscaba evitar daños a los ganaderos de porcino de Castilla y León y pedía clarificaciones sobre las nuevas normas, que se aplicarán inmediatamente a nuevas explotaciones y desde el 8 de marzo de 2025 a las existentes.
La principal queja de la organización era el incremento en la superficie disponible para los cerdos. En Castilla y León, la administración consideraba únicamente la superficie construida y útil (naves), mientras que en otras comunidades autónomas como Extremadura y Andalucía también se incluían los patios. Esta diferencia perjudicaba a los ganaderos de Castilla y León, ya que un cerdo de más de 130 kg debía tener 1,3 m² de nave útil, independientemente de contar con 1 m² adicional de patio, mientras que en Extremadura y Andalucía, el cerdo podía disponer de 1 m² de nave y 1 m² de patio.
Julio de 2024/ UPA-Castilla y León/ España.
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