Un ambicioso proyecto que tratará de poner en común los argumentos científicos disponibles en la materia, con los esgrimidos por los proteccionistas, la perspectiva de los legisladores y la del propio sector, que es el que finalmente costea todas las medidas impuestas en materia de bienestar animal.
Según la DG-SANCO “mantener unos niveles más elevados de bienestar de los animales conlleva a veces unos mayores costes de producción y de transporte, pero éstos suelen ser sólo ligeramente más altos y pueden compensarse por la menor incidencia de enfermedades”. Concretamente asegura que, el coste adicional de producción de un huevo puesto por gallinas ponedoras criadas en un establo en lugar de por gallinas ponedoras criadas en jaulas en batería, se eleva a sólo 1,3 céntimos de euro, y el coste adicional de producir un huevo de granja a tan sólo 2,6 céntimos.
En contrapartida, los datos que ofrece el sector son bien distintos. La Organización Interprofesional española del huevo y sus productos (INPROVO) ha cifrado, a partir de datos aportados por los principales fabricantes de jaulas, entre 500 y 600 millones de euros el coste de la aplicación de la Directiva sobre bienestar (1999/74) en España. Además un estudio publicado por la Universidad de Wageningen (Holanda), sobre los costes de producción del huevo en varios países comunitarios y terceros estima que la aplicación de la mencionada Directiva supondrá como media un incremento adicional del 8% en el coste para las producciones comunitarias.
En esta misma línea, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) afirma que las pérdidas para nuestro país derivadas del endurecimiento de la normativa vigente sobre transporte animal (Reglamento 1/2005) que baraja la Comisión Europea ascenderán a 40 millones de euros. Y eso sólo teniendo en cuenta las pérdidas derivadas del cese de las actuales exportaciones españolas de terneros a otros países comunitarios.
También la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) ha dado sus cifras: el endurecimiento de la normativa sobre bienestar animal en transporte afectará a cerca de 900.000 cabezas con destino, sobre todo, a Francia, Italia y Portugal, lo que originará pérdidas superiores a los 103 millones de euros.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, según cifras facilitadas por la Asociación Nacional de Transportistas de Animales (ANTA), el coste administrativo y burocrático derivado de la normativa sobre bienestar animal en el transporte ha supuesto a lo largo de los 12 últimos años nada menos que 27.000 millones de euros -2.250 millones de euros cada año-. “Es por este motivo –afirma Alberto Herranz, gerente de ANTA y secretario general del 1er Encuentro Internacional sobre Bienestar Animal- que Bruselas ha decidido reducir el papeleo y recurrir a las nuevas tecnologías, cargando las tintas sobre el incremento de los sistemas de navegación por satélite (GPS)”.
El coste actual del incremento de los sistemas de localización en una empresa ha sido cifrado por ANTA entre los 4.000 y 5.000 € en una primera inversión de equipo, a lo que hay que sumar un coste fijo anual que oscila entre los 2.000 y 3.000 €.
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