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Las Conclusiones el Consejo recuerdan que ofrecer un nivel de protección elevado es un objetivo global de las políticas de la UE en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, y reconocen que el actual marco jurídico de la UE para la lucha contra el fraude alimentario es adecuado.
No obstante, el Consejo destaca la necesidad de mantener y mejorar la cooperación intersectorial para luchar contra el fraude alimentario. Esta cooperación no solo debe incluir a las autoridades de control de los alimentos y piensos, sino también a las autoridades que participan en la lucha contra los delitos económicos, a las autoridades fiscales, aduaneras, policiales y a las autoridades encargadas de la persecución del delito, así como a otras fuerzas y cuerpos de seguridad. A este respecto, el Consejo insta a la Comisión y a los Estados miembros a asignar recursos suficientes para garantizar la aplicación efectiva de la legislación vigente de la UE afinando la interpretación común de los criterios determinantes de fraude alimentario.
El Consejo destaca asimismo la necesidad de promover la sensibilización de los consumidores y de seguir ampliando la formación en materia de lucha contra el fraude alimentario.
Lunes, 16 de diciembre de 2019/ Consejo Europeo/ Unión Europea.
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