Carles Martorell

El marco legislativo sobre bienestar animal se basa en la Directiva 1991/630/CE, Directiva 1998/58/CE, y concretamente en porcino, en la Directiva 91/630/CEE y la novedosa Directiva 2001/88/CE. Esta última ha sido traspuesta en el estado Español a través del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre. La novedad más destacable es que la mencionada Directiva 2001/88/CE, va a generar cambios que van a afectar profundamente a todas las instalaciones porcinas existentes.

El anterior marco legislativo referente a regulación de explotaciones porcinas, el Real Decreto español 1.048/1994 de 20 de Mayo, hacía referencia a las normas mínimas para la protección de los cerdos. Concretamente disponía unas superficies mínimas para cada tipo de animal en función de su peso y prohibía las nuevas instalaciones con cerdas atadas (a partir del 1 de enero del 1996). También introducía por vez primera el concepto de las inspecciones comunitarias para asegurar el cumplimiento de las normas mínimas de bienestar i de sanidad porcina. En el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo incorpora conceptos hasta ahora no regulados por ninguna normativa española a nivel estatal.

El anterior marco legislativo español a nivel estatal que regulaba las actividades clasificadas, el Real Decreto 2414/61 vigente desde el año 1961, se considera un instrumento administrativo obsoleto, con nula referencia a la protección del medio ambiente y a la vez supone un freno administrativo para la instalación de explotaciones nuevas y para las existentes que pretendan ampliar o hacer obras de mejora.