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Hoy voy a contaros una historia con moraleja: "Cuidado con lo que deseas, porque podrías conseguirlo". Empezamos con la historia triste, ridícula y completamente previsible del COOL (etiquetado del país de origen) que durante muchos años ha estado en la palestra. Haré un resumen rápido para que me dé tiempo de transmitiros el mensaje. No puedo presumir de ello, puesto que se trata sólo de la aplicación de conocimientos de economía no de algún tipo de poder místico que yo tenga, pero durante la última década predije exactamente todo lo que ha sucedido y podéis verificarlo utilizando vuestro buscador de internet preferido.
COOL fue una ley equivocada, defendida inicialmente por pequeños productores de vacuno y porcino de los Estados Unidos con la intención (no declarada) de frenar la competencia de las importaciones de animales vivos de Canadá hacia los EEUU. Se trataba básicamente de una barrera comercial disfrazada de legislación de seguridad alimentaria y de información al consumidor. La norma requería que los envases de carne estuvieran etiquetados, en la venta al detalle, con el país de origen de los animales vivos, bajo la amenaza de severas multas sobre el vendedor.
Estos productores sabían que las plantas procesadoras de Estados Unidos no podían garantizar la trazabilidad del etiquetado una vez la canal empieza a ser despiezada en muchas partes que van a muchos sitios. Para hacernos una idea, las llamadas "empresas picadoras" (grinders) de EEUU (grandes plantas donde exclusivamente entra ternera de múltiples países de origen y la transforman en carne picada) deberían tener una etiqueta que diese varias vueltas al envase para enumerar todos los países de cada lote o llevar un librito asociado a cada envase dando todos los pedigrís, que podrían cambiar en cada lote.
Cuando se implementó la legislación empezó la obligación del etiquetado, que incluía ejemplos como "nacido en Australia, criado en Canadá, acabado en Estados Unidos". Ahora imaginemos un corte primario que se envía a una "empresa picadora" donde se mezcla con cincuenta cortes de otras terneras de EEUU y de otros países para hacer carne picada de ternera. El coste y las multas por incumplimento eran tan elevados como habían planificado sus promotores.
Los instigadores sabían que no podría implementarse, por lo que el resultado sería que las propias empresas procesadoras, bajo la amenaza de los minoristas que estaban expuestos a las multas si las etiquetas estaban incorrectas, simplemente dejarían de comprar terneras y cerdos de Canadá y México. Incluso el USDA, a quien se requirió que estimara el coste económico y el valor de la legislación implementada bajo su gobierno, dijo lo más previsible. Estoy parafraseando, pero la declaración oficial fue algo como "No podemos encontrar ningún beneficio para nadie excepto para aquellos que puedan sentir una curiosidad ocasional por conocer la procedencia de su carne". A continuación pasaron a enumerar los costes esperados para cada participante de la cadena y fue de cientos de miles para cada minorista.
Pese a que la ley se aprobó, el poder legislativo retrasó su implementación durante casi una década negándose a financiar su implementación, pero entonces la administración cambió y las riendas pasaron a manos de quienes estaban de acuerdo con este tipo de ayudas para sus electores. Las consecuencias fueron casi inmediatas. Los mataderos pequeños y medianos del oeste que sacrificaban a los animales en cuestión necesitaban el ganado canadiense y mexicano para cubrir su matanza. Sin estos animales extras no podían rentabilizar sus negocios, por lo que los mataderos donde los instigadores llevaban a sus animales quebraron, dejándolos en la situación de tener que buscar un mercado viable.
Como consecuencia, una relación comercial próspera, mutuamente beneficiosa, y casi integrada entre productores canadiense y estadounidenses se tuvo que romper. Hubo graves perturbaciones en ambos lados ya que las inversiones de cada parte en el otro país eran substanciales. Los productores canadienses producían y exportaban grandes cantidades de lechones a muy bajo coste a engordes de Estados Unidos, donde esta fase podía realizarse de un modo mucho más económico y cerca de los mataderos. Ambas partes se beneficiaban tremendamente, así como los consumidores de ambos países. Cuando el polvo se asentó, una planta procesadora relativamente grande de EEUU había cerrado (que previamente operaba con una gran cantidad de cerdos procedentes de Canadá) y los consumidores de ambos países estaban manifiestamente peor. El COOL aumentó el precio de la carne para los consumidores norteamericanos y lo redujo para los canadienses.
Ahora Estados Unidos ha perdido varias apelaciones y ha sido declarado culpable de restricción del comercio y el resultado será potencialmente de millones de dólares en aranceles, que reducirán las exportaciones de los productores de EEUU. Aumentar las exportaciones netas no es una opción para los productores norteamericanos: es una necesidad con consecuencias nefastas si se fracasa.
Ahora, después de malgastar millones de dólares implementando la ley y de la destrucción de unas relaciones comerciales transfronterizas perfectamente competitivas, así como de varias plantas procesadoras que eran rentables y de reducir el bienestar de los consumidores de ambos países, la Cámara de los Representantes ha derogado la ley y está esperando que el senado haga lo mismo antes de que aumente el coste de las lecciones aprendidas en la escuela de las políticas públicas equivocadas.
