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Los auditores sostienen que la Comisión Europea y los Estados miembros no tienen la capacidad de implantar el sistema en su integridad. La política de seguridad alimentaria de la UE tiene como objetivo garantizar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas y proteger a sus ciudadanos de tres tipos de peligros en los alimentos: físicos, biológicos y químicos. Esta auditoría se concentró en los peligros químicos.
Los auditores constataron que el modelo de seguridad alimentaria de la UE merece respeto en todo el mundo, si bien se exige demasiado de él. Según afirman, el marco jurídico que regula las sustancias químicas en los alimentos, piensos, plantas y animales sigue siendo un trabajo en curso y todavía no se ha ejecutado al nivel previsto en la legislación de la UE aplicable a la producción de alimentos. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que facilita asesoramiento científico para fundamentar las políticas europeas, sufre retrasos en su trabajo en relación con las sustancias químicas, lo que afecta al correcto funcionamiento de partes del sistema y a la sostenibilidad del modelo en su conjunto.
«La seguridad alimentaria es una cuestión de máxima prioridad para la UE, afecta a todos los ciudadanos y está estrechamente ligada al comercio» ha declarado Janusz Wojciechowski, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe . «Pero el sistema actual de la Unión se enfrenta a una serie de dificultades e incoherencias.» Los controles de algunos Estados miembros abarcan determinadas sustancias químicas con mayor frecuencia que otras, y los marcos jurídicos son tan amplios que las autoridades públicas por sí solas tienen dificultades para cumplir todas las responsabilidades que se les asignan. Los controles realizados por los organismos públicos solo pueden abarcar una pequeña proporción de todos los controles llevados a cabo, según los auditores, y la mejor forma de que el modelo de la UE siga siendo creíble es complementando los sistemas de control público con los del sector privado. Sin embargo, las sinergias entre ambos sistemas de control acaban de empezar a explorarse.
La UE ha limitado el uso de determinados plaguicidas sobre la base de criterios de peligro. No obstante, como explican los auditores, pueden tolerarse residuos de tales plaguicidas en productos importados a la UE si una evaluación de riesgo ha mostrado que no existe peligro para los consumidores.
Por otro lado, los auditores identificaron una serie de limitaciones en el sistema de control, ya que los Estados miembros encuentran dificultades para determinar la naturaleza de las medidas coercitivas que se hayan de aplicar en caso de incumplimiento.
Los auditores recomiendan a la Comisión Europea que:
- evalúe la introducción de posibles cambios en la legislación que regula los peligros químicos, teniendo en cuenta la capacidad de aplicarla de manera coherente;
- siga fomentando la complementariedad, de manera que las autoridades públicas de los Estados miembros puedan basarse en mayor medida en los controles llevados a cabo por el sector privado;
- explique las medidas que adoptará sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos para mantener el mismo nivel de garantía, tanto para los alimentos elaborados en la UE como para los importados, cumpliendo al mismo tiempo las normas de la OMC;
- facilite más orientaciones sobre la aplicación de medidas coercitivas y refuerce sus procedimientos de supervisión del cumplimiento de las normas alimentarias de la UE.
Martes, 15 de enero de 2019/ Tribunal de Cuentas Europeo/ Unión Europea.
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